• Solicitó a la CNDH informar cómo va el avance de las
recomendaciones aceptadas por Sedena, PGR y gobierno mexiquense
• Demanda hacer público el expediente para garantizar que
realmente se haga justicia a víctimas directas e indirectas
Ciudad de México.- El diputado Omar Ortega Álvarez solicitó
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informe si las
recomendaciones que hizo a diferentes dependencias federales y mexiquenses
involucradas en el caso Tlatlaya se han cumplido, a fin de evitar impunidad y
repetición de otros semejantes.
Mediante una propuesta de Punto de Acuerdo a consideración
del Pleno de Diputados, el legislador federal perredista recordó que la CNDH
reconoció que el 30 de junio de 2014 hubo una grave violación a garantías
fundamentales al ser ejecutadas extrajudicialmente al menos 15 personas.
Agregó que en su extensa relatoría de 399 puntos sobre los
hechos, la CNDH documentó claramente que la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM)
mintieron en sus declaraciones iniciales sobre esta masacre.
Debido a ello –dijo el legislador mexiquense-, la CNDH
recomendó a la Sedena enjuiciar a los militares involucrados y a la
Procuraduría General de la República (PGR) iniciar un proceso penal paralelo, a
fin de que se haga justicia a las víctimas directas e indirectas.
La recomendación se hizo extensiva al gobierno del Estado de
México y a la PGJEM e incluye, entre otras cosas, indemnización, atención
médica y psicológica necesaria y otros servicios sociales o de asistencia
requeridos en función de cada caso particular de las víctimas indirectas.
Ortega Álvarez precisó que Sedena, PGR y el gobierno del
Estado de México aceptaron la recomendación de la CNDH porque, como otros
hechos graves en nuestro País, Tlatlaya evidenció una gran debilidad
institucional y desató la indignación nacional e internacional, pues elementos
del Ejército, en complicidad con autoridades de la Procuraduría mexiquense
actuaron arbitrariamente.
Señaló que, como lo recomendó la CNDH, Sedena sometió a
juicio a siete de los soldados participantes, pero su Juzgado Sexto Militar los
exoneró ilegalmente desde octubre pasado, según denunciaron organizaciones
civiles.
Por su parte, la PGR, también acató la recomendación e
inició proceso contra los militares involucrados, pero al momento su actuación
no ha sido efectiva, eficiente y menos expedita.
Además, el proceso está inmerso en la opacidad, a pesar de
que la CNDH recomendó hacer público el expediente, tal como lo establece la
Constitución cuando se trate de violaciones graves a Derechos Humanos.
Debido a ello, el dirigente perredista en el Estado de
México también exhortó a la PGR informar sobre los avances de sus
investigaciones y a la Secretaría de la Función Pública determinar si los involucrados
pudieran ser también objeto de responsabilidades administrativas por la matanza
en Tlatlaya.
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