*Se investigarán a fondo tratos crueles, inhumanos o
degradantes dijo el Primer Visitador General
Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, implementará acciones que orienten la investigación de casos de tortura
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de cualquier persona,
dio a conocer el Primer Visitador General, Federico Arteaga Esquivel.
Explicó que en este 2015 se han emitido dos Recomendaciones
por el asunto de tortura, las cuales fueron aceptadas por las autoridades
correspondientes, ya que focalizan las acciones precisas a realizar en contra
de ese flagelo que atenta contra la dignidad de las personas.
El funcionario mencionó que como parte del Plan Rector de
Gestión 2015-2018, se reconsideraron programas, objetivos y estrategias que
renuevan el compromiso con la sociedad, buscando siempre ofrecer un servicio de
calidad y con calidez para quienes acuden a la defensoría estatal de
habitantes.
Hay que recordar que en abril del año en curso, se emitió la
Recomendación 13/2015 a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, por
conductas arbitrarias y violatorias de las garantías individuales, por parte de
policías ministeriales, durante la detención y privación de la libertad de tres
jóvenes de Acolman.
En la Recomendación 22/2015 dirigida a la Comisión Estatal
de Seguridad Ciudadana del gobierno estatal, se precisa que elementos
policíacos estatales se extralimitaron en sus funciones al detener a varias
personas, y cometieron actos con los que dejaron de garantizar los derechos
inherentes a la dignidad humana.
Federico Armeaga Esquivel Primer Visitador General CODHEM |
En ese sentido, la Codhem apunta que al tratarse de
seguridad pública, la dignidad humana reviste un doble aspecto, es decir, tanto
como facultad del individuo sujeto a detención para exigir respeto a su persona
y como obligación a cargo del Estado, que deben maximizar los agentes como
representantes y garantes de derechos de los gobernados.
De ahí la importancia de establecer acciones para investigar
los casos de tortura y fortalecer los cursos de capacitación para los
servidores públicos, a fin de desterrar prácticas como el uso de la violencia
física y verbal durante las detenciones y los interrogatorios.
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