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El
Informe de la CIDH exhibe a la PGR en su intento por darle carpetazo a este
expediente.
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Vigilar
cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
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Continuar
con la búsqueda de los normalistas es tarea prioritaria.
Tras el informe auspiciado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), respecto del caso Ayotzinapa, el gobierno de Enrique
Peña Nieto ha quedado exhibido por la deficiente investigación que buscó darle
un carpetazo al asunto y dar por concluida la búsqueda de los normalistas
desparecidos, por lo cual ahora las instancias judiciales de México están
obligadas a realizar investigaciones que apunten al esclarecimiento total de
los hechos.
Así lo señaló en entrevista Omar Ortega Álvarez, dirigente
del PRD en el Estado de México, quien sostuvo que el informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado al interior de la
CIDH, revela distintas omisiones en la investigación de la Procuraduría General
de la República (PGR), que en su momento encabezó Jesús Murillo Karam, pues
determinó que los 43 normalistas desparecidos habían sido incinerados en el
basurero municipal de Cocula, Guerrero.
Sin embargo, Ortega Álvarez recordó que el citado informe
del GIEI echó por tierra esa versión, que para la PGR era la verdad histórica
de lo ocurrido a los 43 alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, pues "no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un
fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo
cuerpo”, refieren las conclusiones de los expertos.
Adicional a ello, la PGR no investigó u omitió determinar la
participación que tuvo un quinto autobús que pudo transportar droga al momento
del ataque a los normalistas, quienes también se transportaban en otros
autobuses.
Ortega Álvarez lamentó que el ahora ex Procurador Murillo
Karam haya omitido este dato como refiere el informe de la CIDH.
Omar Ortega Álvarez
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Detalló que deben seguirse al pie la letra las
recomendaciones que hace el grupo formado por la CIDH, como la unificación de
criterios en la investigación, considerar otras violaciones a los derechos
humanos, investigar el posible traslado de estupefacientes, que sin ser
imputable a los normalistas, podría ser causa de la agresión que sufrieron a
manos de policías de Iguala, Guerrero y sicarios. Además se deben investigar
los casos de tortura denunciados.
En materia de responsabilidades, detalló Ortega Álvarez, el
informe debe ser acatado para que se investigue a todos los cuerpos de
seguridad involucrados, así como el patrimonio de los presuntos responsables.
Respecto a la búsqueda de los normalistas es urgente
reactivarla, pero también investigar la existencia de hornos crematorios en
Iguala y Cocula, pues han sido hallados restos cremados, que oficialmente
corresponderían al de un estudiante normalista.
A la par debe garantizarse la atención a los familiares de
los normalistas y utilizar en la investigación fotografías satelitales y
tecnología de búsqueda.
Ortega Álvarez concluyó que para el gobierno de Peña Nieto,
no ha terminado la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados
los estudiantes normalistas, pues la sombra de la impunidad se ha mantenido
durante toda la investigación.
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